¿Qué pasó con Esme?
En El Salvador es común que las mujeres sean acusadas de haberse practicado un aborto cuando sufren complicaciones en su embarazo y, sin importar si son involuntarias, son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado. En 2019 ‘Esme’, se encontraba sola en su casa cuando sufrió una emergencia obstétrica y su bebé falleció. Al buscar asistencia en un hospital público fue acusada por abortar de forma inmediata por la Fiscalía y mantenida por dos años en prisión preventiva durante el proceso judicial.
El pasado 9 de mayo un juez la condenó a 30 años de cárcel por homicidio agravado. Esta es la primera condena de este tipo que se registra en siete años en El Salvador y también la primera durante el Gobierno de Nayib Bukele, presidente del país que cuenta con una de las legislaciones más duras sobre el tema en el mundo.
Jacqueline recupera su libertad.
Un caso muy similar fue el de Jacqueline, quien a sus 23 años enfrentó un parto fuera de un centro médico. Al llegar en busca de ayuda fue detenida y le quitaron a su hija recién nacida. Fue condenada a 15 años de cárcel por «homicidio en grado de tentativa”, incluso cuando su hija había logrado sobrevivir. Además de quitarle su libertad, a Jaqueline le arrebataron a su bebé y a su hijo de 8 años.
Después de 10 años y 9 meses en prisión, Jacqueline recuperó su libertad.
La condena contra Esme y Jaqueline demuestran la criminalización que continúan sufriendo las mujeres en un país tan conservador como El Salvador. En 2021, la Asamblea Legislativa, controlada por Bukele, decidió archivar una propuesta de reforma al Código Penal presentada por colectivos feministas en 2016, que proponía la despenalización cuando la vida de la mujer está en riesgo, por violación o cuando se registren malformaciones del feto “que hagan inviable la vida fuera del útero”.
En El Salvador han sido condenadas entre 2000 y 2014 al menos 49 mujeres por delitos relacionados con la penalización del aborto y las autoridades han denunciado a otras 250 mujeres por abortar.
La CIDH ha señalado que las emergencias obstétricas deben ser tratados como problemas de salud pública y de garantía de derechos de las mujeres, por lo que esta sentencia significa un grave retroceso, además de una terrible injusticia.
