El 17 de agosto de 2012, Rosaura Almonte Hernández ―conocida públicamente como «Esperancita»― una adolescente de República Dominicana de 16 años, murió en el hospital público del Seguro Médico de Maestros de Santo Domingo como consecuencia de la prohibición absoluta del aborto existente en el país.
Rosaura ingresó al Hospital en julio de 2012 y le fue diagnosticada una leucemia linfoblástica aguda y un embarazo de siete semanas.
A pesar del diagnóstico y de la necesidad de que el tratamiento de quimioterapia fuese suministrado inmediatamente para salvar su vida, los médicos retrasaron su suministro ya que consideraron que hacerlo podría tener efectos adversos en el feto, razón por la cual murió un mes y medio después de ser hospitalizada.
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Prohibición absoluta del aborto en República Dominicana
En República Dominicana existe una prohibición constitucional del aborto.
El artículo 37 de la Constitución (2010) establece que «el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte». Dicho artículo se encuentra acompañado por la penalización total del aborto del Código Penal (1884), que establece el aborto como delito para las mujeres que se lo provoquen así como al personal médico o demás personas que asistan a una mujer a provocarlo.
Esta norma no contempla ninguna causal para que la mujer puede acceder a un procedimiento de aborto legal cuando el embarazo afecta o compromete su salud.
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Hechos
Desde el 2012, a través de Colectiva Mujer y Salud y Women ‘s Link Worldwide, Rosa Hernández, madre de “Esperancita” ha pedido Justicia y una mejora en los procesos médicos de República Dominicana.
La ONG denuncia que por la falta de atención oportuna y adecuada, Rosaura no sobrevivió, aún cuando su feto tampoco tenía probabilidades de prosperar. Su madre, Rosa Hernández, lleva nueve años pidiendo justicia. Ahora el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunciará sobre lo que ocurrió y determinará si hubo un tratamiento inadecuado para la joven.
Women’s Link afirma que República Dominicana es internacionalmente responsablepor la violación de los siguientes derechos:
- A la vida;
- Integridad personal;
- No discriminación;
- Autonomía;
- Protección frente a la violencia y
- Salud, en virtud de la falta de tratamiento médico y de la atención médica que le fue prestada en un hospital público, a consecuencia de lo cual Rosaura Almonte falleció.
Todo esto en un alegado contexto de discriminación estructural jurídica y social contra las mujeres, niñas y adolescentes en el país, donde se encuentra una de las mayores tasas de muertes maternas de la región.
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¿Cómo se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “Esperancita”?
Ahora el caso está en manos de la CIDH, que deberá pronunciarse sobre lo que ocurrió y determinará si hubo un tratamiento inadecuado para la joven.
Recientemente, la Comisión ha rechazado condenas como las de 30 y 50 años de prisión que recibieron recientemente dos mujeres en El Salvador tras sufrir emergencias obstétricas, señalando así la urgencia por «revisar detenidamente estas y otras penas impuestas por casos similares».
También, indicó que elEstado tiene la «obligación de garantizar a todas las mujeres juicios justos, libres de estereotipos de género, apegados al debido proceso«, además de urgir a levantar la «criminalización absoluta del aborto».
La CIDH podría solicitar al Estado dominicano despenalizar el aborto, por lo menos en casos como los de “Esperancita”.
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