En Honduras, donde más del 66% de la población vive en la pobreza, son las mujeres más pobres las que pagan el precio más alto por las leyes en contra de la interrupción del embarazo que se encuentran entre las más estrictas del mundo.
En el país es ilegal en todas las circunstancias, incluidas la violación y el incesto. No se permite salvar la vida de la mujer o cuando el feto no puede sobrevivir fuera del útero. La píldora del día después también está prohibida, lo cual confirma un control del Estado sobre la salud reproductiva de las mujeres.
En 2019, un informe de Human Rights Watch detalló el “enorme sufrimiento” en Honduras como resultado de la prohibición total de los abortos impuesta en todo el país. La ONG alertó de que la situación hondureña permitía vislumbrar el futuro de las mujeres y niñas más pobres de Estados Unidos si el aborto también se criminalizaba en los estados de ese país.
“Lo que nuestra investigación en Honduras muestra es cómo es la vida de las mujeres y las niñas cuando la interrupción del embarazo está prohibida o limitada a condiciones concretas”, señala Margaret Wurth, investigadora principal de los derechos de la mujer en Human Rights Watch. “Es un alarmante precedente de lo que podría llegar a ocurrir en Estados Unidos”
Abortos Inseguros
El número de abortos inseguros en Honduras podría ser de entre 51.000 y 82.000 por año, y el país tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes entre los países de América Latina y en zonas rurales, un 30%.
Los objetos contundentes, las infusiones y las plantas medicinales, cuando no hay otra opción, se convierten en los instrumentos de un negocio mortal de abortos ilegales.
Expertas en derechos humanos denuncian que muchos embarazos son producto de violación e incesto en una nación en la que se niega hasta los anticonceptivos de emergencia. Considerando que la prohibición absoluta del aborto, es un ataque contra los derechos fundamentales de la mujer.
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Human Rights Watch a la presidenta Xiomara Castro
Human Rights Watch dió a conocer una carta dirigida a la presidenta Xiomara Castro. En ella mencionaba que el gobierno de Honduras debe adoptar reformas que brinden una mayor protección para los derechos fundamentales y el Estado de derecho tras años de retrocesos desde el golpe de 2009. La carta está acompañada por un informe de 14 páginas que describe los principales desafíos en materia de derechos humanos en Honduras, así como una serie de recomendaciones claves para abordarlos.
“La presidenta Castro generó una gran expectativa de cambio al incluir en su plataforma electoral medidas orientadas a defender los derechos humanos y terminar con años de negligencia y abusos por parte de gobiernos anteriores”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “La presidenta Castro debe cumplir con esas promesas propiciando una reforma de la justicia que facilite la lucha contra la corrupción y defienda los derechos básicos, particularmente de grupos vulnerables”.
Human Rights Watch también instó a la presidenta Castro a adoptar un proyecto de ley para despenalizar la interrupción del embarazo, derogar la resolución que prohíbe la pastilla anticonceptiva de emergencia y a garantizar que ella esté disponible y sea accesible para todas las personas.
La organización considera que, la actual prohibición total del aborto y de la pastilla anticonceptiva de emergencia pone en riesgo a mujeres y niñas y viola sus derechos.
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