Tres investigadoras habían sido contratadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) con un contrato financiado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como refuerzo para combatir la pandemia. A las jornadas laborales que duraban hasta 16 horas, se sumó el terror del comportamiento de su compañero Alejandro N, esposo de la jefa técnica del laboratorio en ese momento.
Las científicas denunciaron tocamientos y acoso sexual dentro del centro de trabajo, por lo que Alejandro N. terminó despedido, pero ellas también.
Las demandas están desde entonces en manos de la Fiscalía General de la República, aunque en estos dos años apenas se han registrado avances. Consultada por estas acusaciones, la Secretaría de Salud no ha querido responder a la prensa.
Terror en el InDRE
Una de las científicas relata que el hombre se le acercó por detrás, pegado, demasiado, y con su mano le agarró el pecho. Le preguntó con “voz muy sucia”: “¿Te gusta que te toquen?”. La investigadora respondió con miedo que no, que si podía dejar de hacerlo. “Por eso pregunto que luego se ofenden”, contestó él. “Todo el tiempo que me hablaba me estuvo tocando el seno. Me quedé en shock. No sabía qué hacer. Me congelé”, cuenta todavía abrumada.
Decidió no decir nada:
“Tenía miedo de perder mi trabajo y que nadie me creyera”. Alejandro era el marido de la jefa técnica del laboratorio en ese momento, Natividad O. Las jornadas dentro seguían mientras se estiraba la pesadilla. “Todos los días pasaba algo con él, un acercamiento inapropiado o un comentario como ‘te diría que te quitaras todo, pero no vaya a ser que te molestes”, narra la investigadora.
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Despidos
Solo unos meses después los casos de acoso sexual se habían multiplicado, por lo que Alejandro N. fue despedido.
Sin embargo, las investigadoras fueron prescindiendo de su trabajo una tras otra.
Todos los científicos con los que entraron renovaron los contratos, menos dos de ellas que denunciaron a Alejandro N. Desde entonces, una de las investigadoras recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico, ha afrontado depresión e intentos de suicidios. No ha vuelto a trabajar en su campo, no pudo terminar el doctorado. Se desempeña como gestora ambiental.
Una de las investigadoras, siguió sola en el área, ya sin Alejandro, pero sí con su esposa.
“Fueron los meses más difíciles de mi vida”, relata y describe encargos de buscar cientos de muestras durante tres horas en cámaras frigoríficas a menos 20 grados o pipeteos tan largos que terminaba con las yemas de los dedos rajadas.
Trató de hablar con otra directora, Lucía Hernández, sobre la situación, quien le dijo que debía forjar carácter. Rescindieron su contrato el 17 de marzo de 2021. También fue la única de todos los que entraron con ella:
“Salí muy destrozada, no quería seguir viviendo. Me canalizaron con una psicóloga y me dieron un diagnóstico de ansiedad generalizada, estrés postraumático y depresión severa”. Ahora trabaja como jefa de laboratorio en una clínica privada.
De las denunciantes, finalmente queda una. dentro del InDRE. “Todo el tiempo buscaban meterme el pie. Natividad pidió apoyo al sindicato para sacarme, las directoras decían que yo era una comehombres, que yo era la conflictiva, que me vestían provocativamente ¡cuando íbamos con bata quirúrgica!”, relata, “traté de llevármela tranquila, pero empecé a tener crisis de ansiedad”. Trataron de rescindirle un contrato en una ocasión, pero se lo prolongaron hasta diciembre de 2021 y ahí acabó. “Yo fui una víctima y ellas me revictimizaron”.
Denuncia
El 20 de diciembre de 2020, cuatro compañeras presentaron una denuncia por abuso sexual ante la Fiscalía Generál de la República. También contactaron con el Órgano Interno de Control (OIC), el Insabi y el Inmujeres: ninguno se reconoció capaz de dar una respuesta.
Dos años después, el InDRE ha rechazado una y otra vez aportar las evidencias solicitadas por la Fiscalía y la Policía de Investigación todavía no ha entrado en las instalaciones del instituto ni ha llamado a los testigos. Todo sigue congelado.
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