Costa Rica busca endurecer las penas por aborto hasta seis años de cárcel, desatando críticas de activistas que defienden el derecho a decidir de las mujeres.
El Gobierno de Costa Rica, liderado por Rodrigo Chaves, presentó un proyecto de ley para aumentar las penas de cárcel por aborto, lo que representa un retroceso en los derechos de las mujeres. De aprobarse, la pena máxima pasaría de tres a seis años para quienes interrumpan su embarazo.
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Quienes ayuden en el procedimiento podrían enfrentar hasta 12 años de prisión.
“Defender la vida de los costarricenses que aún no han nacido es una obligación del Estado”, justificó la ministra de la Presidencia, Laura Fernández. Sin embargo, esta medida ha sido duramente criticada por activistas de derechos humanos, quienes advierten que criminalizar aún más el aborto pone en riesgo la vida de muchas mujeres, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad.
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Costa Rica es uno de los pocos países de América Latina donde el aborto sigue estando estrictamente limitado
Se permite sólo cuando la vida de la madre está en peligro, una excepción vigente desde 1970, pero con pocas aplicaciones. Mientras tanto, países como Argentina, Colombia y México han avanzado en la despenalización del aborto, reconociéndolo como un derecho fundamental de las mujeres.
El Gobierno también eliminó los programas de educación sexual en las escuelas, alegando que promovían la “perversión”. Esto limita aún más el acceso a información crucial para prevenir embarazos no deseados y ejercer una sexualidad responsable.
Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han condenado estas decisiones, señalando que atentan contra la autonomía de las mujeres y refuerzan un sistema que las castiga por querer decidir sobre sus propios cuerpos.
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