@Justino José Rodríguez Tavera
El debate sobre las tres causales del aborto ha servido como distracción para evitar discutir lo realmente urgente: la corrupción y la impunidad en República Dominicana.
Miralba Ruiz lo ha dicho sin rodeos con una contundente declaración durante el programa de radio No Se Diga Más, la comunicadora afirmó que el estancamiento del Código Penal en el Congreso no se debe a la inclusión de las tres causales del aborto, sino al temor de algunos legisladores de aprobar sanciones más severas contra la corrupción. Y tiene toda la razón. El problema de fondo no es la defensa de la vida ni los derechos de las mujeres, sino la resistencia de quienes se benefician de un sistema que permite el robo de recursos públicos con consecuencias mínimas.
Desde hace años, el debate en torno a la despenalización del aborto en tres circunstancias específicas (cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, y cuando hay malformaciones incompatibles con la vida) ha servido como una distracción conveniente. Mientras la discusión gira en torno a temas que dividen a la sociedad, las reformas más necesarias para garantizar justicia y transparencia siguen en el limbo.
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Un problema de todos, no solo de las mujeres
Quienes insisten en que el principal obstáculo para aprobar el Código Penal es el aborto han logrado reducir la conversación a un solo punto, dejando de lado lo que realmente afecta a todos los dominicanos: la impunidad. La corrupción no es un problema exclusivo de un grupo, sino un mal que desangra gota a gota al país. Cada peso que se desvía de la educación, la salud o la seguridad pública significa menos oportunidades para el desarrollo.
Pero, en lugar de enfocarse en cerrar los vacíos legales que protegen a los corruptos, el Congreso ha permitido que el debate se centre en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. No porque realmente les interese este tema, sino porque les resulta útil para desviar la atención de lo que verdaderamente les incomoda: las reformas que los obligarían a rendir cuentas.
La pregunta que hizo Ruiz es clave: “¿De qué sirve prevenir si después no puedes sancionar?”. No basta con identificar los problemas; es fundamental contar con herramientas legales para castigarlos de manera efectiva. Hoy, muchos políticos se aferran a un Código Penal desactualizado porque cualquier cambio significa poner en riesgo su propio poder.
El verdadero freno: el miedo a las consecuencias
Uno de los puntos más polémicos de la reforma del Código Penal es el endurecimiento de las penas contra la corrupción. Esto implicaría sanciones más severas para funcionarios y empresarios que incurran en prácticas ilícitas, así como mayor facilidad para recuperar los bienes robados al Estado.
No es difícil entender por qué algunos legisladores se resisten a aprobar una ley que podría ser utilizada en su contra. En un país donde la corrupción ha sido, por décadas, un mal endémico, endurecer las penas significaría reducir los márgenes de impunidad con los que han operado muchos políticos.
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El Código Penal, en su versión actual, deja demasiados espacios para la evasión de justicia. La falta de consecuencias reales ha permitido que casos de corrupción se repitan una y otra vez sin que los responsables enfrenten castigos proporcionales a sus delitos. Sin reformas, el mensaje es claro: en República Dominicana, robar dinero público sigue siendo un negocio con muy bajo riesgo.
El papel del Poder Ejecutivo y la presión social
Ruiz también apuntó hacia la falta de presión desde el Poder Ejecutivo. Aunque el gobierno ha mostrado intención de combatir la corrupción, la realidad es que sin una ley más estricta, cualquier esfuerzo será insuficiente. No se trata solo de voluntad política, sino de dotar al sistema de justicia de herramientas efectivas para perseguir a los corruptos.
El Poder Ejecutivo debe asumir un rol más activo en esta discusión. No basta con condenar la corrupción en discursos; es necesario empujar de manera decidida la aprobación de un Código Penal que realmente refleje las necesidades del país.
Además, la sociedad dominicana debe exigir que este debate se centre en lo que realmente importa. Las estrategias de distracción han funcionado porque la conversación pública se ha desviado hacia temas importantes, pero no prioritarios en el contexto actual. La corrupción nos afecta a todos, y dejar que el debate se quede estancado en un solo tema es permitir que los responsables sigan operando sin consecuencias.
No más excusas
El Código Penal no está atascado por el aborto, sino por la corrupción. No se ha aprobado porque hay quienes temen perder los privilegios que les ha garantizado un sistema débil e ineficiente. Y si la sociedad sigue permitiendo que el foco se mantenga en las tres causales, el problema de fondo seguirá sin resolverse.
Las mujeres no deberían ser utilizadas como chivo expiatorio para evitar una discusión más amplia sobre el futuro del país. La verdadera urgencia no está en debatir si deben tener derecho a decidir sobre su cuerpo, sino en garantizar que todos los dominicanos tengan acceso a un sistema de justicia que funcione.
Es momento de dejar de caer en la trampa y exigir lo que realmente importa: un Código Penal que castigue con firmeza la corrupción y garantice que los delincuentes de cuello blanco reciban el castigo que merecen.
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