@Justino José Rodríguez Tavera
La tragedia del Jet Set en Santo Domingo deja 221 muertos y exige respuestas urgentes sobre responsabilidad penal y fallas estructurales evidentes.
Tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, que dejó más 221 muertos y 189 heridos, abre una herida profunda en la conciencia nacional. La tragedia, ocurrida durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien murió en el lugar junto con otros artistas y figuras públicas, ha expuesto de forma brutal las fallas estructurales, normativas y éticas que permiten que estructuras frágiles se mantengan en pie… hasta que colapsan y matan.
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En los días posteriores, el Gobierno dominicano desplegó una comisión investigadora con expertos locales e internacionales. El presidente Luis Abinader, visiblemente afectado, exigió respuestas claras: “Qué pasó, por qué pasó y cómo pasó”. Pero más allá de la búsqueda de causas técnicas, la gran pregunta es: ¿quién responde penalmente cuando una edificación mata?
Las muertes en Jet Set no fueron producto del azar ni de una catástrofe natural impredecible.
Las edificaciones, si se construyen con materiales adecuados, siguiendo normas técnicas y con una supervisión adecuada, no se caen. Por eso, cada persona involucrada en el diseño, construcción, mantenimiento, inspección y operación de ese espacio tiene un grado de responsabilidad. Dueños, socios, arquitectos, ingenieros, constructores, y hasta funcionarios públicos que fallaron en supervisar adecuadamente, podrían responder penalmente. El Código Penal dominicano no es ajeno a estos escenarios: El abogado dominicano Jean Cristofer Pérez explica que el artículo 319 contempla el homicidio involuntario por negligencia grave, lo que permitiría abrir procesos penales, aplicar prisión preventiva, embargar bienes y establecer garantías reales para la indemnización de las víctimas.
La figura penal existe, pero rara vez se aplica.
¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el aparato de justicia se ve afectado por intereses económicos, políticos o por la lentitud estructural del sistema judicial. Si se quiere evitar la impunidad, hay que actuar con firmeza desde el inicio. El empresario Antonio Espaillat, dueño de Jet Set, ha declarado que colaborará “total y transparentemente”. Esa disposición debe ser puesta a prueba por una investigación exhaustiva y, si procede, por una acusación formal.
Es inadmisible que, en un país donde el desarrollo inmobiliario crece a pasos agigantados, sigamos viendo cómo la supervisión estatal y la regulación se quedan cortas. La responsabilidad del Estado es clara: no basta con reaccionar después de una tragedia. Se necesita un marco legal más robusto, un sistema de inspección obligatorio, independiente y con dientes para clausurar, sancionar y prevenir.
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Y no, no basta con aplicar las leyes existentes de forma puntual.
Esta tragedia debe servir como punto de inflexión para reformar el Código Penal y establecer responsabilidad penal directa para los dueños de edificaciones cuando se pruebe negligencia. Se necesitan sanciones claras y efectivas para las constructoras irresponsables, y sobre todo, se debe empoderar a las víctimas y a sus familias con mecanismos de reparación rápidos y eficaces.
Jet Set es ahora un símbolo de dolor y pérdida.
Entre los fallecidos se cuentan figuras internacionales como el diseñador Martín Polanco, los ex beisbolistas Octavio Dotel y Tony Blanco, y la gobernadora Nelsy Milagros Cruz, además de 18 venezolanos, una colombiana y un italiano. No puede tratarse sólo como un caso más. El desplome, durante un evento masivo, no solo expuso la fragilidad física de una estructura, sino la fragilidad de un sistema legal y social que no ha protegido adecuadamente la vida de sus ciudadanos.
También es vital destacar la acción inmediata del Centro de Operaciones de Emergencia, que movilizó a más de 4.500 personas en rescate, atención médica y apoyo psicológico. Esa respuesta rápida evitó que la tragedia fuera aún mayor. Pero su eficacia debe complementarse con una acción judicial igual de contundente.
La Academia de Ciencias, al ofrecer su colaboración, señaló que no debemos caer en juicios apresurados. Tiene razón: la justicia debe ser precisa, no improvisada. Pero eso no implica dilación. Cada día sin respuestas alimenta la impunidad y desmoraliza a las familias que hoy lloran a sus seres queridos.
La tragedia del Jet Set expone todo: debilidad normativa, inacción estatal, negligencia técnica y una cultura de evasión de responsabilidades. Pero también es una oportunidad. El país puede y debe responder con una legislación más firme, una justicia más proactiva y un compromiso colectivo con la vida.
Cuando un edificio mata, no es solo el concreto lo que colapsa.
Se derrumba la confianza ciudadana en las instituciones, se resquebraja el tejido social y se enciende una alarma que clama por responsabilidad. Hoy tenemos la posibilidad de demostrar que la República Dominicana no tolerará más muertes evitables, ni más impunidad estructural. La ley debe proteger vidas, no excusar a los irresponsables.
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