Mientras el aborto continúa penalizado en Guanajuato, mujeres lo enfrentan en casa, sin garantías médicas ni apoyo legal, expuestas al estigma y a investigaciones.
En Guanajuato, el aborto sigue penalizado. Aunque el gobierno afirma que no criminaliza, al menos 17 mujeres han sido investigadas por interrumpir su embarazo desde 2023.
Mientras en el Congreso se debatía su despenalización, Sofía abortaba en casa, acompañada a distancia por su pareja y una red feminista. Sin ingresos ni vivienda, decidió interrumpir el embarazo. “No estamos preparados económicamente… fue complicado y triste”, relató.
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Abortos clandestinos
Isa, de 27 años, también abortó en casa años atrás, pero con respaldo médico de Marie Stopes México. “Me considero privilegiada”, reconoció. Tenía pareja estable, ingresos y acceso a acompañamiento profesional.
El aborto con medicamentos como misoprostol y mifepristona es seguro si se hace con supervisión. Sin embargo, en Guanajuato sólo se permite legalmente si hay violencia sexual.
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Estigma, miedo y silencio
Las mujeres que abortan en la clandestinidad viven en silencio. El mayor peso no siempre es físico, sino social. “Es feo que todavía se vea como tabú”, dijo Sofía.
Isa coincidió: “No todas tienen acceso a un aborto acompañado y seguro. Con más educación sexual y servicios públicos, todo sería distinto”.
Diputadas y colectivos insisten en que la ley actual empuja a las mujeres al riesgo, y exigen un cambio urgente. Mientras tanto, en Guanajuato, abortar sigue siendo un acto de valentía solitaria.
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