En la frontera entre México y Guatemala, en los municipios chiapanecos de Frontera Comalapa y San Gregorio Chamic, una escalada de violencia vinculada al crimen organizado está generando una crisis humanitaria.
La carretera que cruza esta región se convirtió el lunes 25 de septiembre en un escenario inusual donde los bordes de las calles estaban ocupados por filas de personas que esperaban la llegada de vehículos, principalmente camionetas tipo Suburban con cristales polarizados y pick-ups cargadas de hombres armados.
La gente local aplaude y vitorea cuando estos vehículos pasan, identificándolos como parte del cártel de Sinaloa.
Impacto en la Población Local
A pesar de que los habitantes de los pueblos vecinos parecen vitorear la llegada del cártel de Sinaloa mostrando una supuesta preferencia por ese bando, el cual se disputa el territorio con el cártel de Jalisco, muchas personas y medios especulan que fueron forzados a estar ahí.
Esta situación refleja el control y la presión ejercida por los cárteles en la zona.
Violencia y disputas territoriales
Los enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco han resultado en bloqueos de cabeceras municipales, cortes de suministros esenciales como luz y agua, y desabasto de alimentos y gasolina.
Los residentes locales han denunciado:
- Desapariciones forzadas,
- Reclutamiento forzado y
- Desplazamientos masivos.
Expansión de la violencia
El conflicto ha estado en curso durante más de dos años y se está extendiendo a otras áreas, incluyendo la selva Lacandona y San Cristóbal de las Casas.
Esta creciente violencia es alimentada por una variedad de factores, incluyendo la presencia de paramilitares, guerrilleros y autodefensas, así como intereses económicos y políticos en juego.
El abandono institucional en la región agrava la situación, permitiendo que la actividad del crimen organizado prospere. Las autoridades enfrentan desafíos significativos para abordar esta crisis compleja y proteger los derechos humanos de la población local.
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