Como en muchos otros países de la región, República Dominicana enfrenta el desafío de encontrar la mejor de las rutas para manejar la circunstancia de los embarazos no deseados. Un reto que se dificulta, producto de la poco flexible reglamentación frente al aborto en esta nación centroamericana.
¿Cómo se encuentra la situación en el país?
Pese a la poca información correspondiente a esta problemática de salud pública, las cifras relacionadas con los embarazos no deseados en República Dominicana son preocupantes. Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en 2020 se registraron, aproximadamente, más de 100 mil nacimientos en adolescentes, lo que representa el 21% del total de nacimientos en el país. De estos, se estima que un alto porcentaje corresponde a embarazos no deseados o no planificados.
Además, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), aproximadamente el 12% de las mujeres en edad fértil en República Dominicana tienen necesidades insatisfechas de planificación familiar. Esto significaría que estas mujeres desearían evitar o retrasar el embarazo, pero:
- No tienen acceso a métodos anticonceptivos.
- Carecen de adecuados servicios de salud reproductiva.
- Serían penalizadas por la ley dominicana
- Se verían señaladas por una sociedad poco garante de los derechos de la mujer.
Hacen falta políticas públicas sobre el tema
Es evidente que hay una carencia institucional respecto a las estrategias que promuevan el cuidado de la salud y educación reproductiva. La situación se agrava significativamente cuando se analizan las circunstancias que ubican en el centro de la escena a las niñas y mujeres adolescentes de entre los 10 y 19 años, grupo de población que registró más de 25 mil embarazos durante el año 2022.
Sumado a lo anterior y gracias a la información publicada por la Oficina Nacional de Estadística, se pudo constatar que, del total de nacimientos, abortos o pérdidas gestacionales atendidas el año pasado, un 20% correspondió a jóvenes menores de 19 años.
¿Cuál es la posición de la institucionalidad en el país?
Es bastante claro que existe un descuido generalizado en el país, respecto de esta situación. En temas de educación no se presenta una ruta que ofrezca alternativas para la mitigación de los embarazos no deseados y, cuando se revisan posibilidades como la práctica segura del aborto, aparecen todas las dificultades. La modificación del Código Penal, que incluya la despenalización del aborto en circunstancias que generen riesgo de la vida de la madre, violación e incesto, no ha sido posible por aparente negligencia y falta de interés del sector legislativo del país caribeño.
Todo esto, incluso, a pesar de la posición a favor de Luis Abinader, actual presidente de República Dominicana, quien ha manifestado estar a favor del aborto bajo las causales anteriormente mencionadas. Este será un dato no menor, en vísperas de una posible reelección del mandatario y lo que pueda ser su injerencia en la consecución del ajuste al Código Penal.
Mientras todo esto ocurre, la población dominicana sigue a la espera de soluciones y políticas que puedan favorecer un escenario en el que, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas casi un 50% de mujeres en el país no tiene opción de acceder a métodos anticonceptivos y cerca de un 25%, ni siquiera puede tomar decisiones sobre su salud reproductiva y sexual.
