@Justino José Rodríguez Tavera
El nuevo Código Penal de la República Dominicana es una burla descarada al concepto de justicia. En un país donde los escándalos de abuso infantil y corrupción dentro de la iglesia son tristemente célebres, la exclusión de responsabilidad penal a las instituciones religiosas es una afrenta imperdonable a las víctimas y a toda la sociedad dominicana.
Incontables casos
En primer lugar, debemos recordar la larga lista de crímenes horrendos cometidos por miembros de la iglesia, tanto católica como evangélica, en nuestra nación. Casos de curas abusando de niños y niñas han sido documentados repetidamente.
Estos no son incidentes aislados, sino un patrón de conducta que ha quedado impune gracias a la complicidad y el encubrimiento sistemático de las autoridades eclesiásticas y gubernamentales.
La iglesia ha utilizado su influencia y poder para proteger a sus miembros corruptos y depredadores, evitando que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Esta impunidad ha permitido que los abusadores continúen perpetrando sus crímenes, causando un daño irreparable a innumerables víctimas inocentes.
Decisiones injustas
La reciente decisión del Congreso de excluir a la iglesia de la responsabilidad penal no solo perpetúa esta injusticia, sino que también envía un mensaje claro: en la República Dominicana, la protección de la imagen y el poder de la iglesia es más importante que la justicia y la protección de los derechos humanos.
La iglesia ha sido un refugio seguro para pedófilos y corruptos. Desde el conocido caso del padre Alberto Gil, acusado por tener en su poder pornografía de menores, hasta el padre polaco Jozef Wesolowski, envuelto en un escándalo de pedofilia, los ejemplos abundan.
Estos hombres, que deberían ser modelos de moralidad y guía espiritual, han traicionado la confianza de sus comunidades de la manera más vil. Sin embargo, en lugar de ser juzgados y condenados, a menudo son simplemente transferidos a otras parroquias, donde pueden continuar con sus fechorías sin interrupción.
Es particularmente indignante que la República Dominicana sea conocida como un refugio para clérigos envueltos en escándalos de pedofilia. Nuestra isla ha sido el destino preferido para aquellos que buscan escapar de las consecuencias de sus crímenes en otros países.
Al ofrecer este tipo de inmunidad, nos convertimos en cómplices de sus atrocidades. No es solo una cuestión de justicia para las víctimas dominicanas, sino también para aquellas que sufrieron en manos de estos depredadores en otros lugares.
La corrupción dentro de la iglesia no se limita al abuso sexual. También está el escándalo de la malversación de fondos y la explotación financiera de los fieles.
Los líderes religiosos, que predican la humildad y el sacrificio, viven en lujo mientras muchos de sus seguidores luchan por sobrevivir. Esta hipocresía es una traición a los valores que supuestamente defienden.
Protección de criminales
La inclusión de la iglesia en el Código Penal es esencial para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su posición o afiliación, sean responsables ante la ley. La justicia no puede ser selectiva. No podemos permitir que una institución que ha demostrado repetidamente su incapacidad para autorregularse esté por encima de la ley.
Las víctimas de abuso sexual, corrupción y otras formas de maltrato merecen ver a sus agresores llevados ante la justicia, sin importar su título religioso.
En resumen, la exclusión de responsabilidad penal para la iglesia en el nuevo Código Penal dominicano es una mancha en la integridad de nuestro sistema de justicia. Es un acto de cobardía y complicidad que perpetúa el sufrimiento de las víctimas y protege a los culpables. Es hora de exigir que nuestros legisladores pongan fin a esta farsa y garanticen que todos, incluyendo a los líderes religiosos, sean responsables de sus crímenes. Solo así podremos comenzar a sanar y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
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