Javier Milei Hablando sobre el acuerdo de París

El Gobierno de Javier Milei considera salir del acuerdo de París

Argentina considera salir del Acuerdo de París, un paso que podría debilitar el esfuerzo global contra el cambio climático. Milei reevaluará políticas climáticas.

Argentina evalúa retirarse del Acuerdo de París, que es un pacto clave contra el cambio climático adoptado en 2015. Esta decisión, de concretarse, el Gobierno de Javier Milei junto a Estados Unidos son las únicas naciones en abandonar el tratado, luego de que Donald Trump lo hiciera durante su primer mandato. 

El canciller Gerardo Werthein confirmó que el gobierno está evaluando todas sus políticas climáticas.

“Hemos decidido desensillar hasta que aclare. Reevaluamos nuestra posición en relación con el cambio climático y el Acuerdo de París”, afirmó Werthein en una entrevista con The New York Times. Argumentó que el gobierno reconoce el cambio climático, pero considera que sus causas están vinculadas a ciclos naturales más que a actividades humanas.

El anuncio surge tras la sorpresiva retirada de la delegación argentina de la COP29 

La COP29 es la conferencia anual de la ONU sobre el cambio climático, en Bakú, Azerbaiyán. Werthein señaló que esta medida no implica una decisión definitiva sobre el acuerdo, sino una pausa para reflexionar.

Milei, conocido por su postura libertaria de derecha, ha calificado la crisis climática como una “mentira del socialismo”. 

Su postura coincide con la de Trump, quien ha prometido retirar nuevamente a Estados Unidos del acuerdo cuando regrese al poder en 2025. La salida de Argentina sería un golpe significativo al acuerdo en un momento crítico lo que desataría un efecto dominó en otros países. 

Naciones Unidas advierte que, sin una reducción del 42% en las emisiones globales para 2030, el mundo enfrenta un calentamiento de hasta 3 °C este siglo, con consecuencias graves para las sociedades y el medio ambiente. El futuro del compromiso argentino con el Acuerdo de París permanece incierto, mientras el gobierno prioriza lo que denomina su “derecho soberano” para redefinir su política ambiental.


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