Panamá y Costa Rica enfrentan retos legales y logísticos al recibir migrantes deportados por EE.UU., quedando con la responsabilidad de su destino final.
Panamá y Costa Rica se han convertido en piezas clave de la política migratoria de Donald Trump, recibiendo a cientos de migrantes deportados desde EE.UU. Sin embargo, esta situación ha generado serios desafíos para ambos países, que ahora deben gestionar la repatriación de estas personas o evaluar su posible permanencia.
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En la última semana, 300 migrantes, principalmente de países asiáticos como India, China, Irán y Pakistán, llegaron a Panamá.
Se espera que este jueves arriben a Costa Rica otros 200 deportados. Ambos gobiernos han aclarado que su papel es servir de “puente” para facilitar su retorno a sus países de origen, con financiamiento de EE.UU. y bajo supervisión de la Organización Internacional para las Migraciones.
El investigador Muzaffar Chishti advierte que, al enviarlos a Centroamérica, EE.UU.
Se libera de su responsabilidad legal sobre los migrantes. Además, muchos provienen de países “recalcitrantes” que no aceptan deportados, obligando a Panamá y Costa Rica a negociar su retorno.
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Organismos de derechos humanos alertan que algunos migrantes enfrentan riesgos graves si son devueltos. En Panamá, varios expresaron miedo a regresar a sus países. Un ciudadano chino aseguró que preferiría “saltar de un avión” antes que volver a China.
Costa Rica ha dejado abierta la posibilidad de otorgar asilo a quienes lo soliciten, mientras que Panamá se mantiene firme en su rol de tránsito. Sin embargo, con migrantes en incertidumbre, ambos países enfrentan la presión de encontrar soluciones para un problema que antes no era suyo.
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