EE.UU. permite a los estados quitar fondos a Planned Parenthood

El Supremo de EE.UU. permite a los estados quitar fondos a Planned Parenthood, la mayor red de salud reproductiva del país

El Supremo de EE.UU. avala que estados retiren fondos públicos a Planned Parenthood, afectando el acceso a servicios básicos de salud reproductiva.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este jueves a favor de permitir que los estados excluyan a Planned Parenthood del programa Medicaid, que financia atención médica a personas con bajos recursos.

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La votación, con un resultado de 6-3, reflejó la mayoría conservadora de la corte. Esta medida representa un nuevo retroceso para los derechos reproductivos, ya golpeados desde que se eliminó el derecho federal al aborto en 2022.

La organización atiende a miles con servicios esenciales

Planned Parenthood aclaró que los fondos públicos no se usan para abortos, sino para servicios como anticoncepción, pruebas de embarazo y detección de ITS.

A pesar del fallo, su presidenta regional, Paige Johnson, aseguró que seguirán prestando atención médica en Carolina del Sur, incluso a pacientes con Medicaid. “Vamos a garantizar que las personas sigan accediendo a cuidados básicos de salud, sin costo o a bajo costo”, enfatizó.

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Carolina del Sur lideró la demanda para bloquear los fondos

La disputa legal se inició cuando Carolina del Sur impidió que Planned Parenthood recibiera dinero de Medicaid. El estado argumentó que no quería financiar a clínicas donde también se practican abortos.

El Supremo dictaminó que los beneficiarios de Medicaid no pueden demandar a los gobiernos estatales para que Planned Parenthood sea incluida como proveedor bajo el programa.

Un nuevo golpe para el aborto legal en EE.UU.

La decisión se suma a una serie de acciones impulsadas por legisladores conservadores desde la anulación del caso Roe vs. Wade.

Actualmente, 23 estados prohíben o restringen gravemente el aborto, incluso en casos de violación o incesto, según el Center for Reproductive Rights.

Este fallo no solo afecta el derecho al aborto, sino que limita el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva para millones de personas vulnerables.

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