La violencia contra las mujeres en Honduras ha alcanzado niveles alarmantes. En lo que va de 2025, más de 100 mujeres han sido asesinadas, y la impunidad supera el 90 %, según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Esta crisis evidencia un deterioro de los derechos humanos que, según expertos, pone en entredicho la democracia misma.
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“El sector más dinámico de Honduras, que son las mujeres, es también el más victimizado y asesinado”, afirmó el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC). Para él, sin una transformación estructural del machismo arraigado, no puede hablarse de democracia real ni de elecciones limpias.
Moreno pidió reformar las raíces culturales de la violencia.
Señaló que el cambio debe comenzar en los hogares y extenderse a escuelas, iglesias y todos los espacios sociales. Reclamó voluntad política efectiva y políticas públicas continuas, no acciones simbólicas o aisladas.
Gilda Rivera, directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), calificó de “terrible” la situación. Alertó que cada 34 horas ocurre un feminicidio en Honduras, muchos precedidos por violencia sexual o tortura. Denunció que, pese a la existencia de protocolos adecuados y personal capacitado, las investigaciones no avanzan debido a la falta de voluntad y a la posible protección de agresores con poder.
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Ambos expertos coinciden en que esta emergencia nacional requiere compromiso real del Estado y la sociedad.
Con las elecciones generales del 30 de noviembre en el horizonte, exigen que los candidatos incluyan propuestas firmes para frenar la violencia y proteger los derechos de más de cinco millones de mujeres hondureñas. La democracia, advierten, está en juego.
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