Guatemala sancionará con hasta 18 años de cárcel a funcionarios que faciliten la trata de menores en prisiones y aplicará multas de hasta 65.000 dólares.
El Congreso de Guatemala aprobó una nueva ley que sanciona con hasta 18 años de cárcel a funcionarios que faciliten la trata de menores en prisiones. La vicepresidenta Karin Herrera calificó este delito como “una tragedia” y aseguró que la normativa busca erradicar estos abusos del sistema penitenciario.
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Un mensaje contundente contra la impunidad
Herrera destacó que entre 2023 y 2024 se procesaron 15 personas por este crimen y enfatizó que “no debe repetirse”. Además, anunció que se reforzarán los controles de visitas en las cárceles y se dará seguimiento a cada caso detectado. “Los responsables de dañar la dignidad de las niñas deben afrontar las consecuencias de sus actos ilegales”, afirmó.
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La ley también establece sanciones económicas severas, con multas que oscilan entre 13.000 y 65.000 dólares para quienes permitan el ingreso irregular de menores a los penales.
Un sistema para proteger a los menores
Danitza Ramírez, titular de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), celebró la aprobación de la normativa y anunció la creación del Sistema Único de Niñas, Niños y Adolescentes. Este mecanismo verificará el parentesco de los menores con los reclusos que visiten, evitando ingresos irregulares.
Con esta nueva legislación, Guatemala refuerza su compromiso en la lucha contra la trata de menores y endurece las penas para quienes permitan estas violaciones a los derechos humanos.
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