México reformará su Constitución para impedir injerencias extranjeras tras la designación de cárteles como terroristas por EE.UU. y endurecer penas por tráfico de armas.
El gobierno de México anunció una reforma constitucional para impedir injerencias extranjeras en la persecución del crimen organizado y endurecer penas contra el tráfico de armas.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la iniciativa en su conferencia matutina, explicando que la medida responde a la reciente designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de la administración de Donald Trump. Esta clasificación podría abrir la puerta a operaciones militares de Estados Unidos en territorio mexicano.
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Sheinbaum enfatizó que la soberanía del país no está en negociación.
“Toda acción contra el crimen debe basarse en cooperación y coordinación, no en intervenciones unilaterales”, afirmó. La reforma establecerá que ninguna autoridad extranjera podrá investigar ni perseguir delitos en México sin el consentimiento expreso del gobierno. Además, se prohibirá cualquier intervención terrestre, marítima, aérea o espacial sin autorización del Estado mexicano.
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Las restricciones sobre la actividad de agentes extranjeros en México ya fueron reforzadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, obligando a que sus movimientos fueran notificados a las autoridades nacionales. La nueva reforma busca elevar estas limitaciones al rango constitucional, asegurando su permanencia.
Otro punto clave de la propuesta es el endurecimiento de penas contra el tráfico de armas.
Se impondrán sanciones más severas a cualquier persona, nacional o extranjera, involucrada en la fabricación, distribución o introducción ilegal de armas al país. Esta medida apunta especialmente a ciudadanos estadounidenses, ya que más del 70% de las armas usadas por los cárteles provienen de EE.UU.
Sheinbaum también anunció la ampliación de la demanda contra fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos de complicidad con el crimen organizado mexicano. Con la mayoría oficialista en el Congreso, la reforma tiene amplias posibilidades de ser aprobada.
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