ONU condena a Ecuador y Nicaragua por negar abortos a niñas víctimas de violación. Exigen reparación y medidas para evitar la violencia sexual infantil.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que la maternidad forzada en niñas víctimas de violación constituye un acto de tortura y una grave violación a los derechos humanos.
Este pronunciamiento surge tras los casos de Norma, Susana y Lucía, niñas de Ecuador y Nicaragua obligadas a llevar a término embarazos producto de abusos sexuales, enfrentando riesgos físicos, psicológicos y sociales.
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Según el Comité, ambos países fallaron en garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción del embarazo, pese a que los embarazos implicaban un riesgo para la vida de las menores. Hélène Tigroudja, miembro del Comité, afirmó que “negar este acceso refuerza estereotipos de género y constituye discriminación por edad y género.”
Norma
Una niña ecuatoriana de 13 años, su padre fue el perpetrador del abuso. Pese a la legislación ecuatoriana que permite el aborto terapéutico, se le negó la atención. A pesar de su clara y expresada voluntad de entregar a su hijo para que fuera criado por miembros de su familia, fue mal informada sobre las opciones de adopción y terminó viéndose obligada a criar al niño en la pobreza y sin acceso a la educación.
Lucía y Susana
Ambas de Nicaragua pais, donde el aborto está totalmente prohibido y penalizado tanto para las mujeres embarazadas como para el personal de salud que lo habilita, enfrentaron violaciones y embarazos impuestos en un contexto de total criminalización del aborto en su país.
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Susana, fue abandonada por su madre biológica cuando tenía un año de edad y enviada a vivir con sus abuelos. Su abuelo la mantuvo aislada, obligándola a trabajar y negándole el acceso a la educación básica. Tenía seis años cuando su abuelo comenzó a abusar sexualmente de ella. Fue regularmente violada y maltratada por su abuelo antes de quedar embarazada a la edad de 12 años. Su abuela intentó, sin éxito, obtener apoyo y protección por parte de las autoridades. Un día después de que naciera el bebé, Susana presentó una denuncia penal y solicitó protección de su abuelo abusivo.
Lucia, tenía solo 13 años cuando el sacerdote de su comunidad comenzó a violarla, obligándola también a tomar pastillas anticonceptivas de emergencia. Después de varios meses de abuso sexual, Lucía quedó embarazada. A pesar de la profunda depresión, continuó sus estudios en la escuela secundaria con el apoyo de sus padres y presentó una denuncia penal contra el sacerdote. Las autoridades no tomaron ninguna medida contra el sacerdote.
La ONU también responsabilizó a ambos Estados por no investigar ni sancionar a los agresores.
Además, pidió medidas de reparación, acceso a educación, atención psicológica para las víctimas y educación en salud sexual para prevenir futuros casos.
Este dictamen marca un precedente importante, pues refuerza el derecho de las niñas a vivir con dignidad y sin ser revictimizadas. En América Latina, cada minuto cuatro niñas se convierten en madres, una situación que refleja la urgencia de actuar contra la violencia sexual y garantizar el acceso efectivo a los derechos reproductivos.
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