En Portugal, barreras legales y económicas dificultan el acceso al aborto. Mujeres con menos recursos son las más afectadas, algunas deben viajar a España.
Rui Marques, director médico de la clínica Arcos en Lisboa, critica las desigualdades que enfrentan las mujeres en Portugal al buscar un aborto seguro. Con hospitales públicos saturados y restricciones legales, muchas terminan derivadas a centros privados o forzadas a viajar a España, donde la atención es más accesible.
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En Portugal, la ley permite el aborto solo hasta las 10 semanas y 6 días
Con un periodo obligatorio de reflexión de tres días, una condición que para muchas es un obstáculo insuperable. Según Marques, “el 85% de las mujeres ya tienen su decisión tomada”, pero este plazo puede impedir que algunas cumplan con el límite legal. Además, el 30% de los médicos en hospitales públicos son objetores de conciencia, dejando a muchas mujeres sin opciones locales.
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Para aquellas con medios económicos, la solución es pagar atención privada o viajar a España, donde las leyes son más flexibles, permitiendo abortos hasta las 14 semanas. Sin embargo, las mujeres en situación de vulnerabilidad económica se ven obligadas a aceptar estas limitaciones o a continuar embarazos no deseados.
El año pasado, más de 400 mujeres portuguesas buscaron atención en la clínica Arcos en Badajoz, España.
Pero esta alternativa no está al alcance de todas. “Las que cruzan la frontera tienen capacidad económica; las demás enfrentan la discriminación de un sistema que no las protege”, enfatiza Marques.
Esta realidad en Portugal pone de relieve cómo las restricciones legales y la falta de acceso afectan especialmente a las mujeres más pobres. Si esto ocurre en un país de la Unión Europea, ¿qué podemos esperar en naciones como República Dominicana, donde las barreras al aborto son aún mayores? La desigualdad sigue siendo un factor clave en la lucha por los derechos reproductivos.
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