La violencia sexual en Guatemala afecta gravemente a niñas menores de 14 años. Falta de justicia, embarazos forzados y barreras al acceso a salud y educación agravan la crisis.
En Guatemala, la violencia sexual es una crisis que afecta de manera desproporcionada a niñas menores de 14 años. Datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP) muestran que, entre 2018 y 2024, más de 14,600 niñas en este rango de edad dieron a luz, muchas veces en situaciones de abuso y sin opciones de protección.
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El sistema de justicia presenta serias deficiencias.
De los miles de casos reportados, solo 102 condenas fueron registradas entre 2018 y 2023. Las víctimas enfrentan procesos largos y desgastantes, sin acceso a medidas de protección efectivas. Además, la falta de coordinación entre entidades gubernamentales impide respuestas adecuadas para prevenir y atender estos casos.
Las niñas también encuentran barreras en salud y educación.
El acceso a servicios esenciales, como atención prenatal y anticoncepción de emergencia, es limitado, especialmente en comunidades rurales. La ausencia de educación sexual integral y el estigma social agravan la situación, llevando a muchas niñas a abandonar la escuela y perpetuando el ciclo de pobreza y exclusión.
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El programa gubernamental “Vida”, destinado a apoyar a niñas embarazadas y madres adolescentes, cubrió solo 129 casos en 2024, mientras que más de 1,900 niñas menores de 14 años dieron a luz en ese periodo. La insuficiencia de recursos y la burocracia limitan el alcance de la asistencia.
Expertos y defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de reformas urgentes para garantizar acceso a justicia, salud y educación, así como protección efectiva para las niñas sobrevivientes de violencia sexual.
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