@Justino José Rodríguez Tavera
Se prometió una reforma penal que estuviera a la altura de estos tiempos, pero el resultado parece ser un retroceso disfrazado.
El Congreso intenta entregar un Código Penal más moralista que justo, más represivo con los vulnerables que con los poderosos. Quieren que la ciudadanía crea que están resolviendo un problema histórico, cuando en realidad están reciclando un fracaso.
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El presidente Abinader, por su parte, ha dicho en el pasado que el Código Penal necesita más consenso y estudio. Asegura que ni siquiera con una extensión de la legislatura alcanzaría el tiempo necesario para aprobar una versión sólida. Tiene razón. Legislar a la ligera en un tema tan delicado es un error que puede costarle caro al país. Un Código Penal no es solo un conjunto de artículos: es la base de la justicia penal dominicana por los próximos 30 años.
Mientras tanto, el gobierno intenta distraer con anuncios paralelos.
Se entregarán 1.8 millones de kits escolares a través del Inabie, y se tomarán medidas frente al ántrax. Son noticias importantes, sí, pero también útiles para diluir la atención del debate real: un Código Penal profundamente débil y atrasado que se cocina en silencio.
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En lugar de proteger la dignidad de la mujer, el texto propuesto refuerza el castigo. En vez de combatir la corrupción con firmeza, lo deja pasar. En lugar de construir futuro, amarra al país a su pasado. ¿Cómo puede un Congreso justificar este retroceso?
La ciudadanía ya rechazó este proyecto antes.
Y lo volverá a hacer si intentan imponerlo sin transparencia ni escucha. Aprobar un Código Penal sin causales, sin herramientas contra la corrupción y sin justicia verdadera no es legislar: es claudicar. Es disfrazar de reforma lo que, en realidad, es una trampa legal y política.
El país merece algo mejor. Un código moderno, justo y humano. Si el Congreso insiste en imponer este texto anticuado, no sólo desoye al pueblo: traiciona la oportunidad histórica de hacer las cosas bien.
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