En República Dominicana se propone una modernización fiscal que incluye aumentar impuestos a servicios y reducir la carga tributaria para pequeñas empresas.
Una propuesta en favor de las pequeñas empresas dominicanas
Durante esta semana, el Gobierno dominicano reveló el esperado proyecto de modernización fiscal, que propone un aumento en los impuestos sobre servicios, bienes y productos, mientras reduce la carga tributaria para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, encabezó la presentación y explicó que esta reforma fiscal es imprescindible para atender las demandas de la población en cuanto a servicios básicos, así como para frenar el crecimiento de la deuda pública.
Vicente destacó que la única solución viable para el problema actual es aumentar las recaudaciones y revisar algunos incentivos y exenciones fiscales. En el proyecto, se incluye una serie de medidas que buscan optimizar el sistema tributario y asegurar que el gobierno tenga los recursos necesarios para mejorar sectores clave como salud, educación y seguridad social.
Así es cómo se proyecta la reforma
Entre las medidas de esta reforma destacan el incremento en los impuestos a bienes de consumo no esenciales, mientras que las MIPYMES se beneficiarán de una reducción significativa en su carga fiscal, fomentando el desarrollo del sector empresarial más vulnerable. Desde el gobierno de República Dominicana se insiste en que este proyecto no solo es un paso hacia la modernización, sino también una medida para garantizar la estabilidad económica a largo plazo. La reforma fiscal propuesta está sustentada en cuatro ejes
- Modernizar el Sistema Tributario
- Reglas claras e iguales para todos y perseguir la evasión fiscal
- Programa de inversión pública y gastos priorizados
- Protección social
El gobierno espera que esta reforma genere un debate constructivo en el Congreso y entre los sectores económicos del país, en aras de consolidar un sistema más justo y eficiente para la ciudadanía dominicana.
sostiene que los pagos fueron legales y que la campaña no excedió los límites establecidos.
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