Amnistía Internacional denuncia baja inversión en salud en Paraguay, violencia de género, abuso infantil y amenazas a la libertad de expresión y derechos indígenas.
Amnistía Internacional denunció que en 2024 el Gobierno paraguayo destinó apenas el 4 % del PIB a salud pública, muy por debajo del 6 % recomendado por la OPS. Esta baja inversión obligó a las familias a cubrir el 38,4 % de los costos médicos con sus propios recursos, uno de los porcentajes más altos de la región, según el informe anual de la organización.
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El informe también refleja preocupación por la violencia de género. En 2024, se registraron 31 feminicidios y 52 intentos, cifras alarmantes aunque levemente inferiores al promedio de años anteriores. Además, se documentaron 3.524 denuncias de abuso sexual infantil y 1.679 de maltrato a menores y adolescentes.
AI alertó sobre el alto número de embarazos en niñas y adolescentes.
Se reportaron 8.578 nacimientos en jóvenes de 15 a 19 años, y 339 en niñas de entre 10 y 14 años. Entre estas últimas, 82 eran indígenas. La organización criticó que, debido a la prohibición casi total del aborto, niñas víctimas de violación continúan obligadas a parir.
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La libertad de expresión también preocupa.
En noviembre, el presidente Santiago Peña promulgó una ley que permite controlar la financiación y actividades de ONG, algo que AI considera vago y riesgoso para la sociedad civil. Periodistas y organizaciones que investigan al poder político denunciaron acoso y campañas de difamación.
Por último, la organización denunció que los desastres ambientales afectan de forma desproporcionada a pueblos indígenas, como los ayoreo en el Chaco. Además, siguen sin resolverse diez solicitudes de reconocimiento legal de nombres de personas trans. Amnistía Internacional exige acciones urgentes para garantizar derechos básicos en Paraguay.
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