El Congreso salvadoreño aprobó una ley que impone un 30% de impuesto a donaciones extranjeras a ONG, generando críticas por restringir derechos y libertades.
Con 57 votos de la bancada oficialista y aliados, el Congreso de El Salvador aprobó el martes la Ley de Agentes Extranjeros. Esta norma impone un impuesto del 30% a las donaciones extranjeras recibidas por organizaciones civiles. La propuesta fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y aprobada con dispensa de trámites.
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La ley se aplicará a cualquier persona o entidad nacional o extranjera
Se aplicará desde el país que actúe por interés o con financiamiento de actores externos. Además, obliga a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), gestionado por el Ministerio de Gobernación, para recibir fondos o realizar actividades.
La vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, defendió la ley como una herramienta de transparencia, al señalar que busca revelar quién financia a las organizaciones que operan con recursos del exterior.
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Sin embargo, desde la oposición y el sector civil han surgido duras críticas.
La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, afirmó que la medida limita derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación. Según Ortiz, el gobierno podrá decidir de forma arbitraria a qué organizaciones se aplica el impuesto.
Eduardo Escobar, director de la ONG Acción Ciudadana, denunció que la ley forma parte de una escalada autoritaria. Amnistía Internacional también expresó su preocupación, asegurando que esta normativa golpea tanto a las organizaciones como a las personas que reciben su apoyo.
Para muchos críticos, esta ley representa un intento por silenciar a las voces independientes y restringir el acceso a fondos vitales. La propuesta de Bukele ya había fracasado en 2021, pero ahora avanza en un contexto de creciente concentración del poder.
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