El Socorro Jurídico Humanitario en El Salvador ha venido alertando sobre las dificultades en las cárceles del país. El caso de la penitenciaria en Izalco es alarmante.
Dificultades en cárceles de El Salvador
La guerra contra las pandillas que el gobierno Bukele emprendió desde su llegada, le ha permitido al propio Nayib Bukele reelegirse como presidente de El Salvador, pero también lo ha puesto en la mira de múltiples organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo. Muchas personas en El Salvador manifiestan que el gobierno abusa de su poder enviando a las cárceles a quien se les opone, por ejemplo. Sumado a ello, existen miles de quejas sobre las condiciones de quienes son privados de la libertad. Lo previamente dicho, se agrava significativamente cuando a ello se combina todo con el estado de excepción declarado por Bukele ya hace un tiempo.
Alarmas emitidas por el Socorro Jurídico Humanitario
La asociación Socorro Jurídico Humanitario, una organización que hace seguimiento a las condiciones humanitarias en El Salvador, lleva meses denunciando las dificultades y abusos que se cometen en las cárceles del país. Según informes elaborados por esta entidad, en las cárceles salvadoreñas se cometen crímenes de lesa humanidad y cerca del 94% de las víctimas mortales de esos crímenes, son personas inocentes, ni siquiera pandilleros. Las alertas emitidas por el Socorro Jurídico dejan en evidencia los abusos del gobierno Bukele.
El caso particular de Izalco
Sobre la cárcel que se encuentra ubicada en la población de Izalco, el Socorro Jurídico Humanitario ha indicado que allí se hallan al menos 500 reos sufriendo problemas de desnutrición. Ante esto, agregan que no se estaría protegiendo el artículo 65 de la constitución salvadoreña, artículo que establece el derecho a la salud. Adicional a esto, se señalan situaciones como:
- Falta de asistencia a los reos
- Negación de tratamientos médicos
- Aislamiento total, sin visitas
Todas estas circunstancias que atentan contra reglas mínimas de derechos humanos. Eso sí, pese a las múltiples denuncias por lo que sucede en las cárceles de El Salvador, el gobierno Bukele mantiene su postura anti derechos y cada vez que tiene oportunidad, redobla su apuesta con amenazas sobre fortalecer las políticas y sanciones con quienes están privados de la libertad.
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