dos jóvenes en una manifestación en favor del aborto en Nueva York

El Gobierno de Trump, demandado por obstruir la prevención de embarazos adolescentes

Planned Parenthood demanda al Gobierno de Trump por obstaculizar un programa clave que protege a jóvenes de embarazos no planificados e infecciones sexuales.

Cinco filiales de Planned Parenthood demandaron al Gobierno de Donald Trump por obstaculizar el Programa de Prevención de Embarazos Adolescentes (TPP). La denuncia fue presentada ante el Tribunal del Distrito de Columbia y denuncia “ataques a la salud de la juventud”.

Durante más de 15 años, el programa TPP ha ofrecido educación sexual precisa y herramientas efectivas a adolescentes y adultos jóvenes en todo Estados Unidos. Según Planned Parenthood, la nueva normativa impuesta por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) compromete la continuidad del programa.

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Los nuevos requisitos, emitidos en marzo, exigen que los solicitantes de subvenciones de Nivel 1 demuestren alineación con órdenes ejecutivas presidenciales. Esta exigencia debe cumplirse para renovar los fondos antes del 15 de abril, lo cual, según la organización, introduce criterios ideológicos en procesos que deberían ser científicos.

“Los jóvenes merecen información médica veraz.” Asegura Planned Parenthood 

Este programa ha demostrado resultados y no puede manipularse con intereses políticos”, afirmó Planned Parenthood en un comunicado. Para la organización, el gobierno busca sustituir métodos basados en evidencia con enfoques alineados con su agenda.

El TPP financia programas diseñados para reducir embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. 

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Estos deben estar adaptados por edad y comprobados mediante evaluaciones rigurosas.

Según la querella, los cambios del HHS ponen en riesgo la salud pública al socavar un sistema que ha beneficiado a miles de jóvenes. Planned Parenthood sostiene que luchará en los tribunales para asegurar que los adolescentes tengan acceso a programas que los preparen para tomar decisiones informadas.

El futuro del programa queda ahora en manos de la justicia, mientras organizaciones, educadores y profesionales de la salud se mantienen alerta ante un posible retroceso en los derechos reproductivos juveniles.


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