El Supremo autorizó al Gobierno Trump a eliminar permisos temporales a 532.000 migrantes, lo que expone a miles a deportación e incertidumbre legal.
El Supremo autorizó al Gobierno Trump a eliminar permisos temporales a 532.000 migrantes, lo que expone a miles a deportación e incertidumbre legal.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este viernes al Gobierno de Donald Trump a retirar la protección migratoria temporal de 532.000 personas. La medida afecta a migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que habían ingresado legalmente bajo el “parole humanitario” implementado durante la administración de Joe Biden.
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Con siete votos a favor y dos en contra
La Corte accedió a una solicitud urgente del Departamento de Seguridad Nacional. El fallo deja sin efecto la decisión de una jueza federal de Massachusetts, que impedía cancelar el programa sin evaluar cada caso individualmente.
La magistrada Ketanji Brown Jackson, una de las voces disidentes, calificó el fallo como “una chapuza legal” y advirtió que los migrantes enfrentan ahora dos opciones imposibles: regresar a sus países de origen, donde corren riesgos, o quedarse en EE.UU. expuestos a una deportación inminente.
Este es el segundo fallo del Supremo a favor del expresidente Trump en temas migratorios
Hace apenas diez días, se permitió la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350.000 venezolanos. La eliminación del “parole”, creado por Biden en enero de 2023, se considera por organizaciones defensoras como “la mayor deslegalización migratoria en la historia moderna de EE.UU.”.
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Karen Tumlin, directora de Justice Action Center, denunció el impacto del fallo en comunidades enteras. Guerline Jozef, de Haitian Bridge Alliance, recordó que los afectados cumplieron con todos los requisitos legales y ahora enfrentan incertidumbre y temor.
El Gobierno de Trump, que regresó con la promesa de endurecer la política migratoria, busca implementar expulsiones masivas en el corto plazo. Mientras tanto, las organizaciones defensoras continúan la batalla legal para proteger los derechos de los migrantes afectados.
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