Un juez del juzgado 37 administrativo de oralidad del circuito judicial de Bogotá, condenó a varias instituciones estatales colombianas por la muerte de Rosa Elvira Cely, alegando que la negligencia de su actuar, fue lo que provocó el feminicidio ocurrido en el año 2012 en el Parque Nacional de Bogotá.
El fallo especifica la culpabilidad de 3 instituciones.
- La Fiscalía General de la Nación,
- La Subred Centro Oriente, y
- La Secretaría de Salud de Bogotá.
E igualmente la razón por la que se encontrarían involucradas.
La Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía habría tenido parte de la responsabilidad en la muerte de Rosa Elvira debido a su negligencia en los procesos con su feminicida, Javier Velasco Valenzuela, el cual, ya había sido judicializado en el año 2003 por la muerte de Dismila Ochoa Ibáñez, pero estuvo únicamente 19 meses dentro de un establencimiento psiquiátrico, además de otras 2 denuncias por violencia sexual que tenía vigentes durante el año de la tragedia.
“Velasco Valenzuela, ya tenía antecedentes penales y tenía dos denuncias vigentes por violencia sexual en contra de mujeres y menores de edad, la Fiscalía actuó de manera negligente en las investigaciones penales, a pesar de que, con dicha conducta omisiva, ponía en riesgo a todas las mujeres en contacto con Velasco Valenzuela”, mencionó el juzgado.
Subred Centro Oriente
El fallo cita que Rosa Elvira fue remitida al hospital Santa Clara que se encuentra a 24 minutos del Parque Nacional, cuando a 10 minutos, están el Hospital Militar y el Hospital San Ignacio.
Secretaría de Salud de Bogotá
En cuanto a la Secretaría de Salud, el juez declaró que, a pesar de que Rosa llamó a las 4 de la mañana para pedir auxilio, solo hasta las 6 de la mañana recibió la ayuda que había implorado y la ambulancia llegó al lugar a las 7 de la mañana, implicando mayor gravedad en la situación.
Conclusiones
El caso Rosa Elvira Cely marcó un antes y un después para la justicia de género en Colombia, pues debido a ella, se tipificaron los feminicidios.
Javier Velasco fue condenado a 48 años de prisión en el año 2012.
De acuerdo a esto, el juez ordenó entonces una indemnización a la familia por parte del Estado de más de 1.400 millones de pesos, de los cuales, la Fiscalía tendrá que asumir el 80%, la Subred, el 15% y la Secretaría de Salud, el 5%
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