El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el pasado sábado que autorizaba la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, debido al aumento en la tasa de inseguridad del país.
El mandatario también dio a conocer que los guardias de seguridad privada estarán apoyando a la policía para el cumplimiento de medidas, y declaró un estado de excepción en la ciudad de Guayaquil, la más violenta del país, en la que quiere aplicar acciones inmediatas.
La legislación de Ecuador, había contemplado alguna vez el porte de armas, pero durante la presidencia de Rafael Correa, se mantuvo únicamente la posibilidad de tenencia bajo requisitos muy específicos.
Requisitos para su obtención
Mientras que hace algunos años, las armas estaban reguladas para uso exclusivo de militares, policías y ciertos sectores productivos, con la modificación, a través de un decreto presidencial, la tenencia y porte de armas se abre a todos los civiles que cumplan con algunos requisitos.
- Tener al menos 25 años,
- No haber sido sentenciado por cometer un delito,
- No tener antecedentes de violencia contra la mujer,
- Tener un certificado de evaluación psicológica y toxicológica emitido por el Ministerio de Salud, donde se demuestre que no consume sustancias y que no es alcohólico,
- Tener la capacidad de adquisición.
El eterno debate
Aunque la posibilidad de legalizar las armas para los civiles se ha debatido en muchas ocasiones, en diferentes escenarios mundialmente importantes, las reacciones han estado tanto a favor como en contra de la medida dentro del país.
Algunas personas mencionan que el 95% de los asesinatos dentro de la capital, son llevados a cabo con armas de fuego, por lo que podría convertirse en una regla contraproducente.
Carlos Jaramillo, un guardia certificado que trabaja en Guayaquil, se opone a la medida. “¿Cómo puede darnos esa responsabilidad? Si ya nos daba miedo salir a trabajar con tanta inseguridad, ahora será peor”.
Los grupos de derechos humanos también han expresado su rechazo, pues las medidas adoptadas por el Estado, no tienen en cuenta todo el trasfondo de la problemática, “la desigualdad, la discriminación y la pobreza”, y reducen la solución a lo que podría terminar en mayor disponibilidad para la generación de más violencia entre toda la comunidad, probablemente, para la población más vulnerable principalmente.
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