En la República Dominicana, el aborto es ilegal en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo supone un riesgo para la vida, es inviable o el resultado de una violación.
Human Rights Watch ha señalado en un informe que la prohibición total del aborto en la República Dominicana representa una amenaza para la vida y la salud de las mujeres y vulnera sus derechos.
El informe de 87 páginas, “‘Es tu decisión, es tu vida’: La criminalización total del aborto en la República Dominicana”, documenta evidencias de que mujeres y niñas que enfrentan embarazos no deseados se someten a abortos clandestinos practicados en condiciones inseguras en donde muchas experimentan complicaciones de salud, y algunas incluso mueren.
La prohibición no impide que haya abortos, sin que hace que sean clandestinos y menos seguros. Como punto de partida para cumplir las obligaciones asumidas por el país en materia de derechos humanos, el Congreso debería despenalizar el aborto en tres circunstancias, sostuvo Human Rights Watch.
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Leyes restrictivas en República Dominicana
El Código Penal del país prevé penas de hasta dos años de prisión para las mujeres y niñas que induzcan abortos, y de hasta 20 años para los profesionales médicos que los practiquen. Aunque no es habitual que se procesen penalmente casos de aborto, las sanciones penales instalan un temor extendido y un estigma contraproducente.
La prohibición perjudica de manera desproporcionada a mujeres y niñas de zonas de bajos recursos y rurales, que tienen menores posibilidades de viajar a otro país donde el aborto sea legal o de encontrar proveedores de aborto clandestinos más seguros.
Diversos órganos especializados que interpretan el derecho internacional de los derechos humanos han establecido que negar a las mujeres y niñas el acceso al aborto constituye una forma de discriminación que atenta contra una multiplicidad de derechos humanos.
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Muertes maternas: caso “Esperancita”
En República Domincana, al menos el 8 % de las muertes maternas en el país son provocadas por complicaciones debido a abortos ilegales o espontáneos, señala el Ministerio de Salud Pública.
Uno de los casos más recordados es el de Rosaura Almonte Hernández, quien murió en 2012 a la edad de 16 años. Rosaura, conocida como “Esperancita”, tenía leucemia. Los médicos inicialmente le negaron un tratamiento de quimioterapia porque estaba embarazada, y la prohibición del aborto en la República Dominicana le impidió interrumpir el embarazo.
Tras su muerte, su madre, Rosa Hernández, inició varios procesos legales en el país que no fueron resueltos satisfactoriamente, por lo cual en agosto de 2017 acudió a la CIDH, quien en diciembre de 2018 admitió a trámite la solicitud y ahora la ha acogido.
Despenalización del aborto en el Congreso
Por más de dos décadas, las y los legisladores de República Dominicana han debatido un nuevo Código Penal.
El presidente Danilo Medina y organizaciones de defensa de los derechos de la mujer han instado a los legisladores a despenalizar el aborto bajo tres causales:
- Cuando la vida de la mujer o la niña esté en riesgo;
- Cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual o incesto, o;
- Cuando el feto presente condiciones severas incompatibles con la vida extrauterina.
En dos oportunidades, el presidente Medina vetó versiones revisadas del Código Penal que mantenían la prohibición total del aborto, pero el Congreso Nacional “se ha resistido a que haya reformas y despenalizar el aborto, o al menos liberalizar su acceso”. Margaret Wurth, investigadora sénior sobre Derechos de la Mujer de HRW “Las mujeres y niñas no deberían tener que esperar más para que el gobierno garantice sus derechos sexuales y reproductivos”.
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