@Arturo Vargas
Visitar Georgia es conocer de primera mano un modelo que restringe los derechos de las mujeres en nombre del conservadurismo. Este estado, al igual que muchos en el sur de EE.UU., se ha convertido en un epicentro de políticas que limitan el acceso al aborto, complican la atención médica y elevan las tasas de mortalidad materna. Lo preocupante es que esta realidad no solo afecta a las estadounidenses, sino que también sirve de inspiración para líderes como Javier Milei, quien ve en estas restricciones un modelo a seguir.
El retroceso en derechos reproductivos
El Centro Feminista de Salud de la Mujer (FWHC) en Atlanta es una de las pocas clínicas que aún ofrecen servicios de aborto en Georgia con un pequeño letrero morado pegado en la pared. Sin embargo, operar en este contexto es un desafío constante para los médicos y pacientes. Manifestantes antiderechos hostigan a quienes buscan asistencia, mientras las leyes estatales han endurecido los plazos para acceder a un aborto, reduciéndolos a un máximo de seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas
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La anulación del fallo Roe vs. Wade en 2022 marcó un punto de inflexión, permitiendo que más de veinte estados endurecieran sus legislaciones. En Georgia, las únicas excepciones son casos de violación o incesto con denuncia previa, embarazos inviables o riesgo inminente para la vida de la madre. Sin embargo, los médicos temen actuar incluso en emergencias por miedo a represalias legales. Women’s Equality Center (WEC) y State Innovation Exchange (SiX), dos ONG con sede en EE.UU visitan a la clínica con el objetivo de reunir a legisladores de ese país, México y Argentina, que apoyan la marea verde, para compartir estrategias en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos ante la avanzada conservadora.
El impacto en la salud de las mujeres
Los efectos de estas políticas son devastadores. Estados con restricciones severas al aborto, como Georgia, Texas y idaho, también presentan las tasas más altas de mortalidad materna en EE.UU., especialmente entre mujeres negras. Las complicaciones derivadas de abortos autogestionados y la falta de acceso a atención médica oportuna han llevado a muertes evitables, como la de Amber Thuman, quien esperó 20 horas en una sala de emergencias sin ser atendida por el temor de los médicos a ser denunciados.
Mientras los gobiernos conservadores dicen defender “la vida y la familia”, sus políticas contradicen estos principios. En EE.UU., no existe una licencia por maternidad garantizada a nivel nacional, los anticonceptivos no son de acceso gratuito y la educación sexual varía según el estado. Sin políticas de prevención ni apoyo a las madres, las restricciones al aborto no solo afectan la autonomía de las mujeres, sino que también las exponen a mayor vulnerabilidad económica y social.
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El modelo que Milei admira
Durante el recorrido, legisladoras argentinas y mexicanas que han impulsado la legalización del aborto en sus países pudieron contrastar la realidad de sus avances con el retroceso en EE.UU. Para la senadora argentina Guadalupe Tagliaferri, la experiencia fue reveladora: “En Argentina tenemos en el Gobierno al mejor discípulo del Presidente de EE.UU. Lo que vimos en Georgia es lo que son capaces de hacer. Es evidente que el sueño americano no incluye a las mujeres”.
Un aborto puede costar entre 200 y 20.000 dólares según el avance del embarazo, afirmó Alexia Rice-Henry, co-directora ejecutiva de ARC-Southeast, una de las ONG que brinda apoyo económico o logístico para un aborto. Un tratamiento con pastillas con una combinación de misoprostol y mifepristona está entre 500 y 700 dólares, aseguró. En Argentina, el kit de ambas drogas para abortar se puede comprar a unos 160 dólares, pero en algunas farmacias lo ofrecen con descuento y hay obras sociales que cubren el costo total del tratamiento con 12 pastillas de misoprostol.
Javier Milei, quien se ha declarado admirador del presidente Donald Trump y sus políticas, parece seguir el mismo camino de recorte de derechos en Argentina. Su postura abiertamente antiaborto y su desprecio por las políticas de género reflejan el modelo que busca replicar. Georgia muestra las consecuencias de ese tipo de gobierno: mujeres sin acceso a servicios básicos de salud, obligadas a cargar con embarazos no deseados o viajar largas distancias para recibir atención.
¡El derecho a decidir está en peligro!
En este contexto, la lucha por los derechos reproductivos no solo debe darse en EE.UU., sino en todo el mundo. Lo que ocurre en Georgia no es un caso aislado, sino parte de una ofensiva conservadora global que busca retroceder décadas de avances en igualdad y autonomía de las mujeres.
El acceso al aborto seguro no es solo una cuestión de salud pública, sino de justicia social. Negarlo no evita que las mujeres interrumpan embarazos, sino que las obliga a hacerlo en condiciones inseguras, con riesgos innecesarios para su vida.
Mientras en América Latina la marea verde avanza, Georgia representa un recordatorio de lo frágiles que son los derechos cuando el poder político se pone en contra de ellos y más cuando Argentina quiere replicarlos.
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