@Justino José Rodríguez Tavera
De cinco proyectos que se encuentran en estudio para el ajuste del Código Penal en República Dominicana, solo uno ocupa una visión global de los reales problemas en el país.
La necesidad de una visión global de los problemas
Si hay algo que suceda en los países del continente americano, incluido República Dominicana, es la variedad de problemas que afectan a sus sociedades. En nuestros países hay inconvenientes por corrupción, violencia o desigualdad, un cóctel que invita a pensar que la normativa vigente en cada lugar necesariamente pone foco sobre dichas situaciones.
Lo curioso es que esta máxima parece no cumplirse en ciertas latitudes con reglamentaciones que no le confieren la atención requerida a muchas de estas circunstancias. Lo anterior, hace parte del escenario de lo que pasa en República Dominicana, un país en el que desde hace algunos años se viene trabajando en ajustes sobre su Código Penal (un código bastante obsoleto, por cierto); ajustes que, al parecer, para varias figuras del poder legislativo, girarían únicamente en torno a la penalización excesiva por la interrupción de embarazo. Y es que sí, aunque parezca increíble en plena discusión sobre nuestro futuro Código Penal, circunstancias de clara connotación ilegal como el lavado de activos o la corrupción, que están revestidos de mucha relevancia en países con códigos robustos y bien estructurados, no tienen protagonismo en los proyectos de ajuste a la reglamentación que presentan una decena de congresistas.
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Si en realidad el problema fueran las causales, el Código Penal ya estaría aprobado
Para nadie es un secreto que en un país tan conservador y de marcada tradición de derecha, temas de género y familia son de gran interés para la opinión pública. Seguramente por esta razón es que cuatro de los cinco proyectos de ajuste al Código Penal de 1884, que se encuentran en una comisión bicameral del Congreso, tienen como eje principal las penas excesivas y descabelladas por la interrupción del embarazo. ¿Y la verdad? El tema vende y mueve fibras, algo que no se lograría ocupándose de cuestiones como:
– La corrupción
– La lucha contra el narcotráfico
– El lavado de activos
– Los delitos cibernéticos, entre otros.
O, bueno, en esa dinámica piensan los legisladores que los obviaron en sus proyectos. Sumado a ello, resulta claro que el único interés existente en el tema de la protección a mujeres y niñas no es más que el ejercicio punitivo sobre quienes participan en la interrupción del embarazo, ya que solo un proyecto presentado fue diseñado y construido con la responsabilidad de darle un espacio real al cuidado de mujeres y niñas. Curiosamente, además de todo, dentro de la concepción de los documentos acercados a la comisión bicameral hay mujeres implicadas.
El cuidado de mujeres y niñas: un asunto que se debe poner sobre la mesa y llegar a un consenso
Ya son décadas en las que la ciudadanía en República Dominicana lleva esperando la actualización del Código Penal, algo así como una larga espera por la sequía de un campeonato. En el medio, muchos han sido los delitos que anotaron carreras impulsadas por la debilidad del aparato penal en el país; eso, sin hablar de los cientos de cuadrangulares que ha logrado la corrupción gracias al beneplácito y desinterés de la clase dirigente por fortalecer las medidas de protección y castigo producto de la malversación de recursos públicos. Por otro lado, en la banca se ha mantenido el cuidado de los derechos reproductivos de la mujer, sin que se le permita ocupar el rol protagónico que merece y que impactaría positivamente la vida de miles de mujeres dominicanas.
Bien lo dijo el Presidente: “hay que llegar a un Código Penal consensuado”; pero no puede ser que se presenten cinco proyectos muy parecidos, con shows mediáticos y mucha parafernalia, y que de todos ellos solo uno sea el que escuchó el llamado del jefe de Estado para consensuar entre los problemas reales del país y una legislación moderna que además proteja a los dominicanos y a sus familias.
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