La comisión especial para discutir el Código Penal de la Cámara de Diputados de República Dominicana continúa reuniéndose para abordar ajustes a esta reglamentación.
Reuniones con la ciudadanía
El Código Penal en República Dominicana sigue generando polémicas en el país caribeño. Para la ciudadanía dominicana, resulta muy poco conveniente que se mantenga vigencia sobre un código que se percibe como obsoleto producto de su antigüedad y difícil aplicación a las dinámicas de una sociedad actual que requiere una reglamentación más actualizada. Sumado a lo anterior, al ser República Dominicana un lugar de corte bastante conservador, cuestiones como el aborto o las prebendas con las iglesias, muy afectadas en reputación por recientes problemas de abusos sexuales, generan inconformismo en una ciudadanía que ha tenido la oportunidad de presentar sus incomodidades y plantear sus dudas a la Cámara de Diputados.
Participación de varios sectores
El pasado 15 de julio se llevó a cabo una jornada de discusión del Código Penal en la comisión especial de la Cámara de Diputados. Allí asistieron:
- Ciudadanos del común
- Representantes de la iglesia
- Representantes de la academia
- Políticos
Y hasta delegados de Organizaciones de Derechos Humanos, interesados en el futuro de esta importante reglamentación en República Dominicana. En una extensa jornada, que se extendió por más de cinco horas, la solicitud que más se repitió por los asistentes fue la inclusión de las tres causales relacionadas con el aborto.
El aborto y la iglesia, temas claves
La preocupación por la inclusión de las tres causales que amorticen de alguna manera la fuerte reglamentación antiaborto en República Dominicana, fue protagonista en la reciente jornada. Allí, representantes de colectivos feministas insistieron en que este cambio impactaría positivamente en la vida de las mujeres dominicanas, toda vez que las prohibiciones, más que evitar embarazos no deseados, les obliga a acceder a métodos ilegales y poco seguros que terminan en complicaciones y muertes.
De la misma forma, se presentó una serie de quejas sobre la favorable reglamentación para las iglesias, circunstancia sobre la que la ciudadanía sugirió fortalecer y poner límites, entendiendo que dichas instituciones y, en especial, sus representantes, han venido cometiendo delitos relacionados con abusos sexuales. La intención es que el Código no facilite la posibilidad de burlar la ley del país.
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