La reciente propuesta del Código Penal que está siendo aprobada por el Congreso de la República Dominicana es un paso atrás en la protección de los derechos humanos, particularmente de los más vulnerables: nuestros niños y niñas.
En una muestra alarmante de desdén por el bienestar infantil, este código permite que los padres y tutores golpeen y reprendan físicamente a los menores. Esta disposición no solo legaliza la violencia intrafamiliar, sino que también la fomenta, perpetuando un ciclo de abuso y trauma que tiene consecuencias devastadoras a largo plazo.
Consecuencias perjudiciales
En un mundo donde la protección de los derechos de los niños debería ser una prioridad absoluta, resulta inconcebible que nuestro Congreso considere adecuado permitir el castigo físico como una forma de disciplina. Las investigaciones y estudios psicológicos han demostrado una y otra vez que la violencia, lejos de corregir comportamientos, causa daños emocionales y psicológicos profundos.
Los niños que son víctimas de violencia intrafamiliar tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental, dificultades académicas y comportamientos antisociales. En lugar de ser criados en un entorno seguro y amoroso, se ven obligados a crecer en un ambiente de miedo y dolor.
¿Derechos humanos?
La inclusión de esta disposición en el Código Penal envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la violencia es una herramienta aceptable de control y corrección.
Esta postura no solo es retrógrada, sino también irresponsable. En un país donde ya existen altos niveles de violencia intrafamiliar, esta medida no hará sino agravar el problema, legitimando el uso de la fuerza contra los más indefensos.
Permitir que los padres y tutores golpeen a los niños y niñas es una violación flagrante de sus derechos fundamentales. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual la República Dominicana es signataria, establece claramente que los Estados deben tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los niños contra toda forma de violencia.
Al aprobar este Código Penal, nuestro Congreso está incumpliendo sus obligaciones internacionales y traicionando a las futuras generaciones.
Formas de enseñanza (H2)
Es fundamental entender que la disciplina no tiene que ser violenta para ser efectiva. Existen múltiples enfoques de crianza positiva que enseñan a los niños valores y comportamientos adecuados sin recurrir a la violencia.
La educación y la formación de los padres en estas metodologías deberían ser una prioridad, en lugar de legalizar el maltrato.
Este código, tal como está redactado, perpetúa la cultura de la violencia y envía un mensaje devastador a los niños: que su sufrimiento es insignificante y que la violencia es una respuesta aceptable a los conflictos. En lugar de avanzar hacia una sociedad más justa y protectora, estamos retrocediendo a prácticas arcaicas y dañinas.
Es imperativo que nuestros legisladores reconsideren esta disposición del Código Penal y la modifiquen para proteger realmente a los niños y niñas de nuestro país. Debemos abogar por un sistema legal que promueva la no violencia, el respeto y la dignidad para todos los seres humanos, especialmente para aquellos que no pueden defenderse por sí mismos.
Los niños son el futuro de nuestra nación y merecen crecer en un entorno seguro y amoroso. Permitir que sean golpeados y reprendidos físicamente no solo es una violación de sus derechos, sino también una condena a un ciclo perpetuo de violencia y sufrimiento. El Congreso de la República Dominicana tiene la responsabilidad moral y legal de proteger a sus ciudadanos más jóvenes. Es hora de que actúen con la seriedad y el compromiso que esta situación exige.
Rechazar la violencia en todas sus formas debe ser un principio fundamental de nuestra sociedad. Solo así podremos aspirar a un futuro más justo, pacífico y próspero para todos.
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