La reforma constitucional aprobada en República Dominicana reduce a 158 diputados y unifica las elecciones a partir de 2032, modernizando la representación política en el país.
En República Dominicana, la reforma constitucional fue aprobada en segunda lectura, trayendo cambios significativos, especialmente en la composición de la Cámara de Diputados. El artículo 81 ha sido modificado para reducir el número de diputados de 178 a 158, quienes serán elegidos por circunscripción territorial y distribuidos en proporción a la población electoral registrada. Sin embargo, se garantiza que ninguna provincia tendrá menos de dos representantes.
Nuevos cambios: Elecciones unificadas
A partir de 2028, el número total de diputados aumentará a 170, mientras que las elecciones se unificarán a partir de 2032, estableciendo un proceso electoral más eficiente y coordinado.
Además, en la reforma constitucional cinco diputados serán seleccionados a nivel nacional por acumulación de votos, favoreciendo a los partidos o coaliciones que no lograron escaños pero obtuvieron al menos el 1% de los votos válidos. También se mantienen los siete diputados que representan a la comunidad dominicana en el exterior, cuya elección será regulada por ley.
Representación más equitativa
Entre los cambios más notables de la reforma constitucional está el artículo 166 donde reemplaza al Procurador General Administrativo con el nuevo cargo de Abogado General de la Administración Pública. Este funcionario será el representante permanente de la administración pública ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y su designación estará regulada por ley.
Estas modificaciones buscan modernizar el sistema de representación política en el país, garantizando una representación más equitativa en la Cámara de Diputados y adaptándose a las necesidades democráticas actuales. El medio El Mintín realizó un análisis exhaustivo de estos cambios, resaltando su importancia en el contexto político del país. Además, se refuerzan las funciones del Ministerio Público y se establecen nuevas reglas para la designación de sus procuradores adjuntos, quienes contarán con un mandato de dos años con posibilidad de reelección.
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